El laberinto de las Licencias de Clubes: cuando el fútbol chileno se define en tribunales
Durante las últimas décadas, el fútbol profesional chileno experimentó una transformación estructural orientada a sustituir la precariedad de las antiguas corporaciones por la solvencia formal de las Sociedades Anónimas Deportivas. Como parte de ese proceso de modernización institucional y en estricta sintonía con las directrices de la CONMEBOL y la FIFA, se instauró el sistema de Licencias de Clubes y se crearon órganos de fiscalización interna encargados de auditar la viabilidad económica de las instituciones. Sin embargo, lo que se proyectó como una herramienta preventiva de saneamiento administrativo ha terminado consolidando un escenario de permanente litigio, donde las clasificaciones, los ascensos y los descensos se definen con frecuencia en salas disciplinarias, cortes de apelaciones e incluso en el máximo tribunal del país.
El andamiaje de control: Licencias y la Unidad de Control Financiero
El régimen de Licencias de Clubes se estructura a partir de una arquitectura dual de órganos especializados que actúan con independencia funcional: el Órgano de Primera Instancia (OPI) y la Instancia de Apelación (IA), coordinados junto a la Gerencia de Licencias de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Este mecanismo tiene como propósito verificar que cada institución cumpla periódicamente con exigencias jurídicas, de infraestructura, deportivas y, fundamentalmente, de orden administrativo y financiero antes de recibir la autorización para competir en las categorías profesionales.
En paralelo, la fiscalización operativa recae sobre la Unidad de Control Financiero (UCF). Conforme a las atribuciones contempladas en los reglamentos de la ANFP, esta unidad supervisa de manera continua el pago íntegro y oportuno de las remuneraciones, la acreditación de las cotizaciones previsionales y de salud de los planteles y cuerpos técnicos, así como la concordancia estricta entre los contratos registrados y las liquidaciones de sueldo efectivas. Cuando la UCF constata inconsistencias o retrasos, canaliza las denuncias correspondientes hacia el Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP, órgano colegiado dividido en Primera y Segunda Sala. A partir de allí, el rigor financiero deja de ser un mero trámite administrativo y se convierte en materia de derecho disciplinario deportivo, con consecuencias inmediatas sobre la tabla de posiciones.
El antecedente de Melipilla: la fractura entre salas
La tensión inherente a este modelo sancionatorio quedó expuesta con nitidez entre fines de diciembre de 2021 y enero de 2022 con el caso de Deportes Melipilla. Tras una serie de denuncias formuladas por clubes rivales en torno a irregularidades administrativas y dobles contratos, la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina adoptó una medida de máxima gravedad al decretar la expulsión de la institución del fútbol profesional. Aquella determinación conmovió las bases del torneo de Primera División, que ya había concluido su fase regular y esperaba definiciones para la liguilla y el régimen de descenso.
Semanas más tarde, al revisar los antecedentes en grado de apelación, la Segunda Sala del Tribunal Disciplinario modificó sustancialmente el criterio de la sala inferior. El tribunal de alzada conmutó la desafiliación por una sanción de deducción de seis puntos en la tabla general de la temporada 2021. Si bien el castigo significó el descenso matemático de Deportes Melipilla a la Primera B, la revocación de la expulsión sentó un precedente clave: evidenció la discrepancia doctrinal recurrente entre las instancias jurisdiccionales de la propia ANFP y anticipó cómo la aplicación de las normas de control económico podía reconfigurar el destino deportivo de los clubes mucho después de haberse disputado el último minuto sobre el césped.
La rigurosidad contractual: el descuento de puntos a Curicó Unido
La temporada 2024 de la Primera B ratificó que el margen de tolerancia frente a los incumplimientos administrativos y contractuales es cada vez más estrecho. Curicó Unido protagonizó uno de los episodios más severos de aplicación reglamentaria al sufrir una quita acumulada de nueve unidades debido a expedientes promovidos por la fiscalización federativa.
La primera sanción correspondió al descuento de tres puntos como consecuencia del atraso en el pago de las cotizaciones previsionales del mes de febrero de 2024. Posteriormente, el 27 de agosto de 2024, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina ratificó una sanción adicional de seis puntos en contra del elenco albirrojo. Este segundo castigo tuvo su origen en las irregularidades advertidas en la liquidación de sueldo del defensor Matías Cahais, donde se constató una discordancia entre lo reportado documentalmente y los compromisos derivados de su anexo de contrato. La penalización de nueve puntos golpeó de lleno la estabilidad deportiva del club en la tabla de posiciones, confirmando que las inconsistencias entre la documentación laboral y las declaraciones federativas conllevan sanciones automáticas que superan el plano de las multas económicas.
El laberinto procesal de AC Barnechea: deudas, cancelaciones y 45 puntos
El caso que llevó al límite la convivencia entre la regulación deportiva y los tribunales fue el protagonizado por AC Barnechea durante la temporada 2024 de la Primera B. El conflicto estalló en julio de ese año, cuando el Órgano de Primera Instancia resolvió suspender provisionalmente la Licencia de Clubes del conjunto metropolitano debido a la existencia de deudas tributarias pendientes con la Tesorería General de la República (TGR). La inhabilitación federativa impidió la programación normal de sus compromisos, forzando la cancelación sucesiva de los partidos que debía disputar ante Deportes Recoleta, Rangers de Talca y Deportes La Serena.
Aunque Barnechea acreditó la regularización de su situación y el OPI alzó la suspensión de la licencia el 9 de agosto de 2024, las consecuencias disciplinarias por los encuentros no celebrados ya estaban en marcha. Amparándose en las bases de la competencia relativas a la incomparecencia, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina aplicó un castigo sin precedentes: la pérdida de 45 puntos (15 unidades por cada uno de los tres compromisos no disputados), la declaración de derrotas por 3-0 y una multa pecuniaria de 1.500 Unidades de Fomento. El 11 de octubre de 2024, la Segunda Sala confirmó íntegramente este fallo, desestimando los descargos del club respecto a que la no presentación se había debido a una orden de la propia asociación y no a una negativa voluntaria a jugar.
El amago de desafiliación y la rectificación disciplinaria
Paralelamente a la controversia por el puntaje, la situación institucional de AC Barnechea se agravó por una denuncia interpuesta por otros clubes asociados que perseguían la exclusión definitiva de la institución de la ANFP. En octubre de 2024, la Primera Sala acogió dicha solicitud y decretó la desafiliación del club, colocándolo formalmente al borde de su desaparición del fútbol rentado.
No obstante, la Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina volvió a actuar como un dique de contención institucional frente a las sanciones extremas. El 30 de octubre de 2024, mediante un fallo unánime, el tribunal de alzada revocó la sentencia de desafiliación. Con ello, la Segunda Sala restituyó la membresía del club, aunque mantuvo invariable el efecto de la pérdida de los 45 puntos y la multa de 1.500 UF, lo que consumó su descenso deportivo a la Segunda División Profesional al quedar en el fondo absoluto de la clasificación anual de Primera B.
La intervención de la justicia ordinaria y el dictamen de la Corte Suprema
Agoto el cauce federativo, la dirigencia de Barnechea recurrió a la justicia civil mediante la interposición de un recurso de protección ante los tribunales de alzada, denunciando que las sanciones quebrantaban garantías constitucionales al castigar al club por partidos cancelados por disposición de la propia ANFP. En marzo de 2025, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso y declaró ilegales y arbitrarias la quita de 45 puntos y la multa de 1.500 UF, ordenando retrotraer los efectos de tales sanciones.
El litigio, sin embargo, escaló a su última instancia jurisdiccional. La ANFP apeló ante la Corte Suprema, que conoció la causa bajo el Rol N° 10.402-2025. Finalmente, el 24 de noviembre de 2025, el máximo tribunal del país revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones y rechazó el recurso de protección de Barnechea. La Corte Suprema determinó que los órganos internos de la ANFP y sus tribunales disciplinarios habían actuado con apego a las atribuciones conferidas por sus estatutos y bases de competición, refrendando la validez jurídica de la sanción federativa y clausurando definitivamente el debate judicial.
La fragilidad de la certeza deportiva
La secuencia de fallos entre Melipilla, Curicó Unido y Barnechea expone el dilema no resuelto del fútbol chileno contemporáneo. El sistema de Licencias de Clubes y la Unidad de Control Financiero fueron concebidos para garantizar la viabilidad patrimonial de las instituciones, pero su interacción con el sistema sancionatorio ha provocado que la tabla de posiciones sea un tablero provisional sujeto a revisión jurídica durante meses.
La divergencia periódica entre la Primera y la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, sumada a la posterior judicialización en cortes ordinarias, introduce un desgaste institucional constante. Los torneos se cierran bajo la sombra de medidas cautelares o litigios pendientes, y la competencia pierde inmediatez mientras directivos, abogados y tribunales definen en expedientes administrativos lo que las normas financieras no alcanzaron a ordenar de forma preventiva.
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